LAS DISTINTAS FORMAS DE ASOCIACIÓN DE LOS PROFESIONALES

Por Dra. Fernanda Fernández

 

Cuando hablamos entonces, de profesionales que se asocian, entendemos, y no solo a nivel tributario, que deben primar los valores que el conjunto social considera propio y natural de la clase de profesiones que ejerzan. Esta perspectiva no parece cambiar con la unificación legislativa de ambas ramas del derecho privado.

Las profesiones liberales, más allá de expresarse como un servicio, se expresan también -por distintos valores ontológicos- como instituciones básicas de la sociedad. No por nada encontramos regulaciones muy puntuales tanto en la práctica de una profesión liberal, como también en su estudio, siendo la eventual delimitación de las incumbencias profesionales cuestiones que van mucho más allá de la libertad de ejercicio de actividad lícita, de la libre competencia, del libre acceso al mercado, que resultan conceptos muy “caros” al mundo de la economía y los negocios.

Parece de toda lógica que el eje del debate entonces se traslade a la descripción de la  realidad antes que centrarse en el concepto de “sociedad” o de figura jurídica adoptada.

Ahora bien, el hecho de que los profesionales actúen en conjunto no supone en modo alguno la asunción de una forma societaria entre ellos sino que admite diversas variantes.

Para clarificar el punto tomamos una clasificación meramente teórica[1] con categorías que difícilmente se encuentren “puras” en la realidad, pero que consideramos útiles teniendo en cuenta el carácter interno o externo de la agrupación. Así, la agrupación de profesionales puede ser: 1).Uniones o sociedades “internas”. Se trata de una situación donde varios profesionales que, si bien actúan agrupadamente en un mismo lugar y compartiendo equipos o secretarias, ejercen individualmente la profesión frente a los clientes o pacientes, prestando sus servicios a título individual y facturando y percibiendo sus propios honorarios de sus clientes o pacientes. En este esquema interno son posibles a su vez dos variantes: 1.1El sistema de “pool de gastos”, caso en el cuál cada profesional abona una cuota o expensa mensual imputable a sufragar los gastos comunes de infraestructura. En este caso no existe “sociedad” entre los profesionales, en los términos del ex art.1648 del C.C. ni del artículo 1º de la ley 19.550, en tanto no hay “utilidad” que los socios “dividirán entre sí” ni “participación en los beneficios” ya que, descontados los gastos en la proporción acordada, las “ganancias” o “perdidas” de cada uno dependerán de su propio desempeño e ingresos individuales; 1.2. La “sociedad interna de ganancias”. En este supuesto, todos los ingresos individuales de los profesionales son aportados a un fondo común del que se descuentan los gastos de funcionamiento, generando un resultado, positivo o negativo, proporcional para todos en la medida de su porcentaje de participación en la sociedad. O sea que hay una sociedad pero ella no contrata ni trasciende a terceros; 2). Uniones o sociedades “externas”. En estos casos, frente al cliente o paciente, aparece una estructura conjunta con un nombre especial, que puede incluir a algunos o a todos los profesionales actuantes. Esta modalidad también admite dos variantes diversas: 2.1. “Sociedades de medios”. Tienen por objeto compartir estructuras y distribuir los costos. En estos casos, hay una bipartición de contrataciones. Las relaciones con los clientes las sigue manejando cada profesional, que presta el servicio, contrata y factura a título propio, pero las relaciones “externas” vinculadas a la infraestructura en común, tales como el contrato de alquiler, servicios de telefonía e Internet, secretarias, cadetes, etc., las contrata una sociedad civil o comercial de la cuál los profesionales prestadores son socios. Como se ve no se trata de una verdadera sociedad ya que la finalidad es el pago de las cuotas periódicas de los gastos pero no la generación de utilidades, por lo que se ubicaría más cerca de una A.C.E. del ex art.367 L.S.,aún cuando los profesionales no necesariamente serían empresarios; 2.2. “Sociedades externas para el ejercicio profesional”. En este caso todas las relaciones frente a clientes, frente a la infraestructura y frente a terceros en general, las contrata la sociedad por su cuenta y bajo su nombre o razón social, siendo la sociedad quien factura, presta los servicios y los cobra. Los profesionales son los socios que realizan los aportes de industria o capital y la administran, repartiéndose los resultados. Si bien los concretos servicios a clientes y pacientes se hacen por cuenta y orden de la sociedad, los efectos de la personalidad jurídica se detienen allí y los socios profesionales mantienen su lazo personal con los clientes, mantienen su reserva de discrecionalidad técnica, los actos de la vida profesional se cumplen de manera independiente y subsiste la responsabilidad penal y disciplinaria individual de los socios; 3). Finalmente, estos casos deben ser diferenciados de las “sociedades de intermediación para la prestación de servicios profesionales” que funcionan solo como intermediarias entre los profesionales y los clientes o pacientes, coordinando las prestaciones a brindar por los primeros a los segundos, sin prestar la sociedad los servicios aún cuando sea ella quien contrata con los clientes.

Nuestra legislación no regula a las sociedades de profesionales aunque, como ya se ha esbozado, se podría adoptar alguno de los tipos previstos por la modificada ley 19.550 que en su artículo 1 deja abierta la posibilidad de constituir una sociedad que realice prestaciones profesionales, cuando dice: “Habrá sociedad si una o más personas en forma organizada conforme a uno de los tipos previstos en esta ley se obligan a realizar aportes para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes o servicios, participando de los beneficios y soportando las pérdidas….”.

En principio, y conforme las modificaciones que se han introducido tanto en el CCCN como en la LGS, las sociedades de profesionales (ya hubieran sido sociedades civiles o sociedades de hecho) deberían, conforme las pautas jurídicas actualmente en vigencia, adoptar una de las formas de la LGS; transformarse en un tipo contractual asociativo, o ACE, o no tomar ningún tipo de decisión continuando su actividad tal como vienen haciéndolo hasta ahora. Recordemos que no solo se ha derogado la figura de la sociedad civil sino también la de la sociedad de hecho de la LGS.

Ahora bien, teniendo en cuenta estas características ¿es inevitable que el fisco decida encuadrar a estas sociedades como de la sección IV LGS?,  ¿Se puede tener otra lectura del ordenamiento fiscal conforme las modificaciones del CCCN?, ¿debo analizar, para las ex sociedades civiles, la noción de empresa porque se extingue la figura?

Parece ser entonces que la cuestión interpretativa (integradora) debe ser puesta en marcha a efectos de evitar una simplificación que altere, perjudique o modifique situaciones jurídicas anteriores tornándolas, en algún caso (como podría ser el caso de la sociedad de hecho) más gravosas solo por pereza intelectual, o por una simple y pura interpretación literal.

 

[1] FAVIER DUBOIS, E. (h), “Las Sociedades de Profesionales y su Organización como Sociedades de Medios con actuación externa”, en Doctrina Societaria, Errepar, Tomo XXIV No. 290, enero 2012, pág. 7.